Tras una dilatada trayectoria en entidades de la discapacidad, has pasado a formar parte de una dirección general del Gobierno de España. ¿Por qué decidiste dar este paso?

 

He hecho un tránsito del activismo al servicio público, con la determinación de seguir contribuyendo a la causa de mi vida y de nuestras vidas: la discapacidad. Soy un firme defensor de lo público, porque a mi juicio es la mejor herramienta de equidad, en la que los derechos se convierten una realidad tangible que se siente, se toca y se respira. Y tengo que decir que España cuenta con un equipo de mujeres y hombres comprometidos, y que son una red humana de conocimiento y de generosidad, a los que quiero reconocer su contribución para que los derechos humanos sean la norma y no la excepción, sean la meta y no el anhelo… y estoy convencido de que juntas transformaremos esas esperanzas tantas veces frustradas en derechos. 

 

¿Cuáles serán tus principales objetivos al frente de la Dirección General?

 

En este Ministerio entendemos que, para abordar cualquier acción de gobierno sobre discapacidad, se tiene que hablar manera indisoluble de personas y de derechos. Y eso lo hemos constatado con el nombre de la Dirección General, porque las palabras generan pensamiento y deben ser elemento inspirador y tractor de esta nueva etapa y, si me permites, para pasar de la abstracción a lo concreto te diré que quiero que se reconozca esta etapa en los siguientes principios que pivotarán las actuaciones de la dirección general: la convención de la discapacidad, la persona en el centro y el diálogo civil.

 

Sobre la Convención de la Discapacidad, estos tres años de defensa de este tratado me han servido para saber que no tenemos que inventar la rueda, lo que tenemos que hacer es ponerla en movimiento. O en términos jurídicos, aterrizarla en nuestras vidas y las de nuestras familias. Para ello, esta Dirección General tiene que hacer entender al Estado que el único abordaje de la discapacidad es desde los derechos humanos, y así se lo he trasmitido a las compañeras y compañeros del ministerio. Solo de esta manera logaremos borrar el paisaje de discriminación por el que transitamos las personas con discapacidad.

En cuanto a la persona en el centro, es el momento de la autodeterminación de las personas, no podemos dilatar más un mandato que emana precisamente de nuestra Convención. Y esto debe ser entendido en el marco de nuestra dignidad inherente, porque cuando se respeta la dignidad de las personas con discapacidad, se valoran nuestras experiencias y opiniones, las cuales pueden ser conformadas sin temor de perjuicios físicos, psicológicos o emocionales. La autonomía individual significa estar a cargo de la propia vida y tener la libertad de tomar las propias decisiones, y pondré tesón, pasión y política para que esto se cumpla.

 

Pero también quiero subrayar que este proceso no se entiende sin las familias que habéis realizado una contribución silenciosa pero encomiable de mi país, para que hoy las personas con discapacidad tengamos nombre propio. Porque sois las primeras que creéis y creísteis en nosotras, cuando ni siquiera nosotros lo hacíamos, cuando la historia nos negaba. Aquella rebelión de amor o esta revolución del respeto, que diría Fernández los Ríos, ha hecho posible que hoy conceptos como ciudadanía, inclusión o convivencia dejen de ser abstractos y concretarse hasta el punto podemos disfrutarlos en toda su extensión.

 

Y por supuesto el diálogo civil. No concibo otra manera de entender una responsabilidad pública, si no es de la mano de la sociedad civil. Como te decía, en mi trayectoria como activista en el movimiento cívico de la discapacidad, he constatado que el diálogo civil es un instrumento para una nueva gobernanza perfeccionada, donde la toma de decisiones se comparte y se hace corresponsable. En lo que a esta Dirección General respecta, todas las políticas públicas sociales, de igualdad o de inclusión, han de estar presididas y permeadas por este principio.

 

Recientemente se han producido avances en materia de derechos humanos para las personas con discapacidad. Se ha universalizado el voto para todas las personas con discapacidad mayores de 18 años y, por fin, se han acabado las incapacitaciones jurídicas. ¿En qué debe España avanzar para materializar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?

 

Los derechos humanos suelen ser incómodos y generan resistencias porque democratizan el poder, ocurrió con el sufragio femenino y esas mismas “cautelas” nos las impuso alguien ajeno a las propias personas con discapacidad para restringir el derecho civil y político a votar. Por eso digo que los derechos humanos son una meta inaplazable que no admite excusas. Este compromiso lo hemos fijado al máximo nivel normativo: en la Constitución Española, ya que la nueva Carta Magna hace cambio de terminología, de la palabra «disminuidos», que no solo está superada en el tiempo, sino que es percibida y sentida por las personas con discapacidad y sus familias como ofensiva e hiriente, consagrando constitucionalmente la expresión “personas con discapacidad”, como corresponde según los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por España. Pero esta reforma va mucho más allá, pues el nuevo artículo tendrá una redacción completamente renovada, que entiende y asume la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos.  

 

Como digo, las reformas a las que te refieres tienen que ver con tener voz en el tráfico jurídico, con que se nos pregunte dónde y cómo queremos vivir o que no se nos someta a tratamientos ni a internamientos sin nuestro consentimiento. Todas ellas parten de lo mismo, de reconocer que las personas con discapacidad somos titulares de todos los derechos humanos. Por eso es preciso decirlo en la norma que regula nuestra convivencia, para que no haya tentativas ni tentaciones de interpretar ni legislar lo contrario.

 

También has afirmado que la Estrategia Nacional de Discapacidad iba a estar “teñida de feminismo”. 

 

Sí. España tiene una deuda con todas las mujeres de este país. Mira, hace unas semanas veía «Nevenka», un documental de una mujer que a finales de los noventa llevó ante la justicia a su acosador, un alcalde opresor que contó con la connivencia de otras compañeras y compañeros de la corporación municipal y del propio vecindario. Él fue condenado por la justicia y ella, por la sociedad.  

Esas opresiones, violencias y asesinatos a las mujeres se han tolerado, se han ocultado y se han justificado. La sociedad ha transigido porque lo regular era que cobraran menos, que fueran las que sostuvieran la cultura de los cuidados, que se pudiera abusar de ellas y que se las pudiera matar, sin que el sistema se alterase ante estas violaciones a la igualdad. El machismo tiene que dejar la ley no escrita, y dejar de existir como norma social que se asume y se acata.

 

Si al machismo le sumamos como intersección opresora el capacitismo, configuramos un binomio perturbador y lacerante para las mujeres y niñas con discapacidad. Y el capacitismo no es un “palabro” inventado, sino que trata un sistema de valores reconocido por Naciones Unidas que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida, para una inexistencia en el derecho porque todo lo que no cumple esos estándares, corporales, mentales, intelectuales o sensoriales se queda en los márgenes.

 

Por eso hago esa afirmación, porque creo en ello firmemente y porque cualquier instrumento o política pública que salga de este centro directivo será feminista o no será; porque esta Dirección General debe también contribuir a liberar a mujeres, madres y cuidadoras de las cultura machista y patriarcal. Las mujeres y las niñas con discapacidad tienen nombre propio en esta Dirección General, y tienen su espacio propio en la Ley sin que nadie tenga que otorgarles ese privilegio, porque ese lugar es suyo, por derecho. 

 

¿Cuáles serán los principales ejes de la Estrategia Nacional de Discapacidad? ¿Cuándo se materializará?

 

Si bien concibo que la mejor fórmula de justicia social es fijando derechos en las leyes, estas estrategias son aceleradoras del ejercicio efectivo de estos derechos y libertades. En este sentido, esta Estrategia se proyecta como una hoja de ruta posibilista, para que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a aterrizar los derechos humanos en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Para ello, en su elaboración estarán muy presentes la Convención de la Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

Y como ya he apuntado antes, será concebida desde un enfoque interseccional y feminista bajo los principios de democracia y participación a lo largo de todo el proceso. Así, está previsto que la fase que se inicia ahora cuente con las entidades representativas de la discapacidad, las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y locales, y demás agentes interesados, entre los que cobra especial relevancia el papel de las propias personas con discapacidad y sus familias.

 

Creo que es el momento para que esta herramienta dé voz y sea de utilidad para empoderar y acompañar a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, y también para que las personas con discapacidad psicosocial ven en ella un elemento de orientación hacia sus derechos humanos.

 

Asimismo, la Estrategia dará respuesta a desafíos transversales como la emergencia climática y el reto demográfico para estar con la España de los pueblos, de las aldeas y de los campos donde también viven personas con discapacidad, a las que hay que escuchar y acompañar. Para ello, se nutrirá del conocimiento y la experiencia de las comunidades autónomas y las entidades locales con el fin de concebir un instrumento que fortalezca la cooperación territorial.

 

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la discapacidad en España?

 

El reto no es otro que la sociedad nos vea, nos asuma y nos respete como titulares de todos los derechos humanos y que la Convención se entienda y se aplique en toda su extensión. Abriremos las ventanas y las puertas para que la igualdad transformadora entre sin pedir permiso. Me refiero a esa igualdad que cuestiona la visión hegemónica en la que persiste el tratamiento diferenciado por motivos de discapacidad y que contribuirá a erradicar las formas sistémicas y más ocultas de discriminación. Solo de esta manera dejaremos de ser especiales y seremos solamente personas.

Pero me empeñaré ‘muy mucho’ en que la accesibilidad trascienda a los ámbitos en los que tradicionalmente se ubica (urbanística, transportes, audiovisual, etc.) y se proyecte como contenido esencial de los derechos. Es decir, consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna. Parece estar fuera de toda duda que un requisito imprescindible para la satisfacción de ese derecho es que ese bien sea accesible. Sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho y esta es la concepción de la accesibilidad que aplicará este Ministerio.

 

¿De qué manera Europa puede contribuir a conquistar esos derechos y accesibilidad? 

 

Creo en Europa, pero en la Europa de las personas y en esta línea, dentro en marco del Plan de Transformación y Resiliencia, vamos a poner en marcha el programa ‘España país accesible’, con más de 100 millones de euros orientados a transformar de raíz nuestro paisaje, para que sea practicable a todas las personas sin excepciones. Estos fondos se destinarán a cumplir la Ley, a reparar y a enanchar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la justicia, la educación, la salud o la cultura… En definitiva, queremos que la accesibilidad deje de ser esa Ítaca lejana y sea una realidad que se toca y se respira. 

 

Además, este programa tendrá un impacto en la empleabilidad de las personas con discapacidad, porque se trata de dinero público y debemos ser exigentes con el cumplimiento legal y con la responsabilidad de Estado de mejorar las tasas de actividad de nuestro colectivo y a otros grupos en situación de desempleo o precariedad laboral. Daremos ejemplo con hechos para que en la reconstrucción de Europa estén todas las manos, y para que el progreso de España Estado lo podamos medir también en clave de Derechos Sociales.

 

Nació en una pequeña localidad extremeña, Eljas, y siempre ha mostrado un gran compromiso con la España rural. ¿Cómo valora la situación de esas personas con discapacidad que viven en la llamada ‘España Vaciada’ y cómo se las puede ayudar a mejorar sus condiciones de vida? 

 

Soy de pueblo y revindico lo rural, porque ha sido en Eljas donde tomé conciencia de que mi cuerpo no normativo, no determinaría mi vida. Mi pueblo y su gente me enseñaron que normalizar no es convertir una discapacidad en lo que alguien entendía como normal o estándar, es decir, sin defectos, o al menos que se notaran. En Eljas la normalización se sustenta en la aceptación del otro en su diversidad y, sobre todo, en el reconocimiento de los mismos derechos.

 

Y fue en ese rincón de Cáceres donde también aprendí la cultura de los cuidados, el saber de la vecindad en el que no cabe soledad alguna. Tenemos que poner en valor estas culturas de los cuidados que atesoran los pueblos. Debemos aprender de ellos, para que no desaparezca ese acervo, que es una buena práctica exportable a las ciudades.

 

Sin embargo, no puedo dejar de nombrar al millón de personas con discapacidad y sus familias que viven el medio rural, con las dificultades añadidas de acceso a bienes sociales y derechos que presenta estar en un entorno no propicio para los recursos. Vidas que hay que subrayar, ya que en sociedades fundamentalmente urbanas tienden a pasar discretamente omitidas. Por eso, me comprometo a contribuir a que las políticas públicas sobre reto demográfico se tiñan de inclusión.

 

¿De qué manera contarás con el CERMI y las organizaciones de la discapacidad organizada en esta nueva etapa?

 

Antes me refería al diálogo civil precisamente porque no concibo otra manera de desarrollar esta labor en el Gobierno si no es de la mano del movimiento CERMI. Este es, sin duda, un capital para este país y lo es porque las democracias necesitan de agentes críticos y propositivos cuya contribución hace, como reza la Agenda 2030, que nadie quede atrás. 

 

El CERMI ha sabido identificar, en esa realidad poliédrica y heterogénea que es la discapacidad, las cuestiones que nos unían…. y que de alguna manera nos definían ante la sociedad: las barreras, la exclusión y la discriminación; y esas debilidades las supo convertir en fortalezas y en cohesión: creando una voz común de las personas con discapacidad y nuestras familias en España. 

 

Pero también ha sabido transformar esa respuesta social por la que el diagnóstico deje de colonizar nuestras vidas, porque antes solo éramos “ciegos”, “sordos” u otros calificativos que me niego a nombrar porque duelen, para que un adjetivo deje definirnos y oculte lo verdaderamente importante: la propia persona: con dignidad y derechos. Por tanto, mis palabras solo pueden ser de gratitud y de reconocimiento por lo que he me ha dado como activista y por su contribución para que personas como es mi caso, seamos respetados y respetables.